Twittear     Corrupción y partidos políticos Por Liliana Pineda para Zonaizquierda.org 2 de febrero de 2016   Puesto que la corrupción constituye una apropiación de recursos públicos y bienes comunes consentida y/o participada por quien los administra, las soluciones que se proponen desde algunos movimientos sociales a este enfoque del problema, exigen, entre otras medidas, la implantación de modelos de gestión transparentes, eficientes y participativos en las administraciones y en las empresas públicas [i]. Pero hay quienes, además, plantean como un aspecto previo, decisivo y necesario en la lucha contra la corrupción, cuando se consuma en los despachos de los representantes políticos, incorporar mecanismos de selección de dichos representantes antes de los períodos electorales, y limitar el poder de los partidos políticos reduciendo ponderadamente sus posibilidades de acceso al gobierno cuando hayan realizado actos de corrupción [ii].        Sin embargo (aunque sea necesaria), no será suficiente una renovación del gobierno en un país para que se reduzca la corrupción política ni por mor de la denuncia que pudieran ejercer sus oponentes; porque si son muchos los partidos vulnerables a la corrupción, o varios los ya implicados en actuaciones corruptas, se establecerá un pacto de silencio entre ellos, una dispensa de impunidad que abarque sus modelos de financiación y de monopolio o de reparto de sus decisiones, que obrará de manera visible en la promulgación de leyes cada vez más permisivas con este tipo de conductas, y que podrá extenderse a las actividades ilícitas garantizando equilibrios que posibiliten la existencia de una red oculta de intercambios perdurables, de beneficios y favores, a través de asociaciones o fundaciones pantalla y todo tipo sociedades instrumentales [iii]. Indicadores de corrupción El número de denuncias interpuestas por políticos contra fuerzas antagónicas es, por consiguiente, un valor que nos sirve para "indicar" o sugerir la existencia o no de esas redes corruptas y esos pactos de silencio, ya que un político que denuncia a otros políticos tiene que estar muy seguro de su disponibilidad para hacerlo pues de lo contrario se expone a la extorsión y a la amenaza [iv]. Por el contrario, la dimensión de las propias estructuras de los partidos no nos sirve como indicador de la corrupción, pues al menos en los años en los que se producen hechos analizados en España, se observan estructuras muy débiles con muy poca militancia, indeterminación ideológica y escasas implantación social y financiación militante, y aún así emerge la corrupción como consecuencia del ingreso, la permanencia y el ascenso en los partidos de actantes que ocupan posiciones importantes en las redes corruptas. La apreciación de que los contrincantes políticos violan sistemáticamente las normas o están dispuestos a ignorarlas (incluso a eliminarlas), favorece el vencimiento de cualquier resistencia a la corrupción.   Parece pues sensato razonar que el incremento de los procesos por corrupción, que han sido conocidos en los últimos años y han supuesto un escándalo en muchos países, no se presenta, naturalmente, como resultado de una mayor eficacia en el saneamiento por parte de quienes detentan potestades de regulación, investigación, control y persecución del fenómeno; ni tampoco por una mayor actividad crítica de los medios de comunicación en los que estos hechos han sido publicados (ni siquiera cuando ésta es motivada por la necesidad de defenderse de la regulación que limita su independencia); sino que puede obedecer más a una situación de menor entendimiento entre los propios partidos políticos, y entre éstos y los jueces que los juzgan, respecto de la que desplegaban en años anteriores, y que ha coincidido con su propio debilitamiento [v]. El riesgo de ser condenado por delitos de corrupción está vinculado con las dinámicas internas de intercambio corrupto de los propios partidos, al igual que con el despliegue de los controles externos y de vigilancia sobre el seguimiento de las normas. Pero la asunción y el cumplimiento de las normas penales y administrativas están condicionados por el prestigio y la autoridad moral de la organización pública ante la cual se responde o se reclama su incumplimiento. Cuanto mayor sea el descrédito de dicha organización tanto mayor será la probabilidad de que se quebranten las normas. En varios casos analizados no son excepcionales las circunstancias en que los funcionarios se encuentran en condiciones de denunciar los actos corruptos cometidos por los políticos, o en que podían haberse negado a realizar los procedimientos ejecutivos necesarios para consumar dichas actuaciones. Su forma de acceder a la administración y las garantías y alicientes para ejercer su actividad con independencia de sus jefes, determinan su posición de aliados y cómplices con los políticos corruptos del partido que gobierna y/o controla sus puestos de trabajo, e influye de manera decisiva en la complejidad y eficacia de la ingeniería institucional desplegada por las redes corruptas, así como en el coste moral de la corrupción.  También es posible identificar en varios casos dos actividades importantes que inciden de manera relevante en la gravedad del fenómeno: La empresa y el mercado. Los empresarios, al ser suministradores de recursos externos a las organizaciones públicas, influyen sobre los actos de la autoridad política, generando relaciones de intercambio y, por tanto, incentivos y oportunidades para la corrupción que se concretan en función de la demanda de bienes producidos por el sector privado y las expectativas de beneficio creadas [vi].  Según Vannuci, cuanto menor es el desarrollo tecnológico y mayor la competencia empresarial, mayores serán las ofertas de soborno y menor la resistencia a la corrupción:     “Si se han propagado posiciones de renta parasitaria el tiempo y los esfuerzos de los empresarios tendrán que dedicarse a refinar las técnicas de corrupción, a actuar por caminos disimulados, a construir relaciones de confianza con los políticos, a buscar "mercados" inexplorados, es decir, nuevos centros de poder público de los que quepa esperar beneficios”[vii].  Por otro lado, la deficiente implantación o su falta de rigor (desde la óptica del liberalismo[viii]), de leyes que protejan la estructura competitiva de los mercados [ix], así como la creciente generación de beneficios, resultado de los procesos de concentración, fusión y monopolio[x], o de contrataciones con el Estado, licitadas o adjudicadas Ad hoc (que en palabras de Naredo no obedecen al modelo neoliberal sino a un “neo caciquismo”[xi]), aumenta, también según Vannuci[xii], el volumen de recursos disponibles o las oportunidades para la corrupción. Lo cual puede suceder bien porque la Administración (por decisión discrecional de uno o más funcionarios), decida pagar por un servicio o suministro un precio superior al del mercado, o bien porque sancione o proporcione cobertura de legalidad a un pacto ilícito entre empresarios para el reparto del mercado público.   Asimismo, la concentración de la producción y las finanzas en grupos empresariales cada vez más reducidos y restringidos, tiene su contrapartida en una tendencia a la perpetuación de las élites políticas en los partidos que gobiernan, generando relaciones clandestinas de cooperación y confianza entre políticos, empresarios y banqueros, fácilmente transformadas, gracias a una perspectiva de repetición indefinida, en redes perdurables de colusión y apropiación o enriquecimiento ilícito y su inherente ocultación y normalización...[xiii].      ___________________ [i]http://europeanwater.org/es/noticias/noticias-desde-el-terreno/265-propuesta-de-nuevo-modelo-de-gestion-del-agua-en-madrid#.UnBqY7sUrC8.twitter [ii] “El gobierno que permanece en el poder de modo ininterrumpido durante largos periodos, sobre todo si triunfa sucesivamente en las elecciones, tiende a creer que es invulnerable”. Heywood, Paul. Op. Cit. Pag. 8. [iii] “[…] no es sencillo arrojar plena luz-sobre la financiación ilegal llevada a cabo de manera clandestina […] o bajo la forma de contratos simulados [...]: un pacto de silencio une a los partidos que se ofrecen a ser corruptos con las empresas que los corrompen” Pradera, Javier. Citado por Alberto Vannucci  “La corrupción en los sistemas políticos democráticos”, en “Poder, derecho y corrupción”, coordinado por Miguel Carbonell y Rodolfo Vázquez. Ed. Siglo XXI, México, 2011, p. 103. CASO MALAYA. Los 15 años de gobiernos del PR dejaron una herencia judicial de 389 recursos contencioso-administrativos contra licencias municipales y centenares de denuncias que dieron origen a la apertura de medio centenar de sumarios por delitos urbanísticos. Promotores imputados por cohecho y blanqueo, por haber pagado comisiones para obtener un trato favorable del Ayuntamiento de Marbella, costearon la campaña electoral de aquel partido. Más de un millón de euros para las últimas elecciones en que concurrieron CASO FAYCAN.  El presidente del comité local del Pp en Telde, […] otro de los detenidos para aclarar la procedencia de los fondos que permitieron la lujosa reforma de una sede de ese partido en el municipio grancanario. CASO CIEMPOZUELOS. El portavoz y presidente del PIC, medió entre el alcalde y varias empresas para diversas operaciones de suelo en el municipio. La colaboración llevó a su portavoz a pagar un publirreportaje en una revista local para anunciar sus intervenciones. CASO MALAYA. A partir de las detenciones del regidor y varios ediles, el alcalde en funciones, también del PR, empezó a firmar la baja de algunos cargos de confianza para contratarlos directamente como personal municipal de las sociedades del Ayuntamiento, con carácter indefinido. Entre ellos figuraban la ex mujer del alcalde, el ex marido de la alcaldesa encarcelada, la esposa del concejal de Turismo y una cuñada de la regidora. A pesar de la quiebra técnica del ayuntamiento los sueldos del personal de confianza llegaban a los 8.300 euros mensuales. Algunos de ellos aún figuraban prestando sus servicios a cargos imputados y encarcelados. CASO MALAYA. La primera teniente de alcalde de Marbella, creó una fundación para impulsar su candidatura, que recibió donaciones de las que nunca rindió cuentas. En complicidad con LA ALCALDESA, extorsionó a un constructor de Marbella exigiéndole el pago de 750.000€ a cambio de una licencia de primera ocupación para el edificio que había construido. En el registro de su domicilio la policía encontró 378.000 euros en billetes nuevos de 500 euros y una hoja manuscrita con una lista de cifras percibidas a cambio de su apoyo a determinados convenios urbanísticos. [iv] Este indicador es utilizado para valorar la extensión de redes corruptas. Quienes incoaron las acciones de denuncia en el CASO TAMAYO no estaban involucrados en las redes corruptas. [v] CASO ESTEPONA. “P. ¿Cómo valora la sentencia de la Audiencia Nacional? R. Me parece que ha sido un tremendo error judicial. Creo que los jueces se han equivocado conmigo y espero que el Tribunal Supremo corrija esta tremenda injusticia. He leído la sentencia en infinidad de ocasiones, y también muchos juristas y profesionales de la judicatura, y no encuentro que esté motivada”. Entrevista a Magistrado del Tribunal Supremo (CASO ESTEPONA). “Al final dictamos una sentencia de casación en la que se anulaba la sentencia de la Audiencia Nacional por motivos formales, relacionados con la prueba. Y es que el gran problema de este delito del blanqueo de capitales, el problema fundamental, es la prueba”. [vi]“¿En qué consiste el soborno? ¿Quién paga a quién? El soborno es una de las modalidades de la trampa. Según una encuesta de probidad realizada por Confecámaras, el 17 por ciento ofrece sobornos y el 32 por ciento son solicitados por los servidores públicos. Lo grave es que hay muy escasa denuncia: el 28 por ciento de empresarios conoce hechos de corrupción y solamente el 8 por ciento los denuncia. ¿Y cuáles son las modalidades del soborno? Primera: el funcionario pide dinero y lo dan porque creen que solamente a través de esa vía obtendrá la contratación. Segunda: el contratista ofrece el soborno y el servidor público lo acepta. Tercera: fenómenos de corrupción del sector privado en negocios con el Estado, en donde este último no participa. Por ejemplo, el caso de la licitación del Ministerio del Interior y de la Justicia para la seguridad tecnológica en las cárceles, en la cual se presentaron tres propuestas. Dos de los oferentes se pusieron de acuerdo para inhabilitar al tercero”. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6921189 CASO FAYCAN. “Algunas de las comisiones iban dirigidas supuestamente a financiar al Pp en Telde. Al menos dos empresarios fueron presionados o convencidos de que facilitaran gratuitamente sus trabajos y materiales para la construcción de la nueva sede del Pp en dicho municipio a cambio de favores desde las áreas de contratación de dicho Ayuntamiento. Uno de los empresarios llegó a testificar que cargó y facturó al Ayuntamiento los gastos de sus servicios prestados para la construcción de la sede popular en Telde. Otro reveló haber pagado obras del Pp con pedidos del Ayuntamiento no servidos […]. Igualmente, reconoció que entregaba al ASESOR un 20% del beneficio obtenido en sus suministros al Ayuntamiento y que esa cantidad se le reclamaba para gastos del partido, mítines y cenas. El ASESOR le garantizó que todos los suministradores actuaban de igual forma y le exigió no sólo que regalase su trabajo y material para la sede del Pp, sino que le facilitase facturas”. [vii] Vannucci, Alberto. Op. Cit., p. 112. [viii] Que defiende la hipótesis de un mercado libre en que la competencia perfecta impide que haya corrupción. [ix] Sosa Wagner, Francisco. “¿Pueden los contratos quedar en casa? (La polémica europea sobre la contratación in house)” Diario La Ley Nº 6715, Año XXVIII, 17 de Mayo de 2007, Ref. D-118, en: http://www.wke.es/salaprensa/White/white_3.html#not_1not [x] http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_la_competencia [xi] “De no lograr que se produzca un cambio sustancial, estamos abocados a un neocaciquismo plagado de operaciones especulativas y macroproyectos urbanísticos. Los políticos que nos han gobernado y gobiernan son tributarios de las grandes constructoras que se han inflado a hacer cosas sin sentido ni dimensión. España se caracteriza más que por su neoliberalismo por su neocaciquismo. Ni libre mercado ni mano invisible. Aquí las estaciones del AVE se ponen lejos de las poblaciones para favorecer crecimientos inmobiliarios que van a beneficiar a personas con nombres y apellidos. Todo ello hará que la crisis sea más larga y que tienda a encadenar burbujas especulativas”. Naredo, Jose Manuel, en: “España se caracteriza más que por su neoliberalismo por su neocaciquismo”, La Marea, 2013. http://www.lamarea.com/2013/11/18/naredo/ [xii] Citado por Vannucci. Op. Cit., p. 113. [xiii] TRAMA MADRID. “[…] el día anterior a la sesión convocada para la elección de la Mesa del Parlamento autonómico y de su Presidencia, EL DIPUTADO TRÁNSFUGA volvió a telefonear al EMPRESARIO, tras haber efectuado dos llamadas al IDEOLÓGO, su mentor político en el Partido, y haber mantenido una entrevista con el Secretario de Organización. En esa misma fecha el EMPRESARIO había reservado dos habitaciones con sala de reuniones en un lujoso hotel de Madrid para EL DIPUTADO TRÁNSFUGA y LA DIPUTADA TRÁNSFUGA”   __________________   LEER TAMBIÉN: Corrupción o intercambio político Corrupción y partidos políticos Corrupción y democracia

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