Otra inspección de trabajo es posible (y necesaria)

 

 

 


Secretariado de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT)

Ilustración de O COLIS para Zonaizquierda.org
 

 

Ante el sorprendente plan de choque presentado por el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) contenido en el informe España 2018, la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT) muestra su perplejidad con respecto a los datos que refleja el informe referidos a la existencia de 307.000 perceptores de prestaciones de desempleo que “trabajan en negro” y 275.000 empleos sumergidos en la inmigración irregular. Los datos así leídos parecen reflejar una responsabilidad achacable a estos trabajadores, cuya existencia fundamenta la mal llamada economía irregular. La realidad es que esos trabajadores, cuyo número realmente se desconoce, prestan servicios para empresarios, únicos responsables de su situación legal, que se aprovechan de su situación de necesidad.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo de Inspección de Trabajo (IT) que plantea el Consejo Empresarial para la Competitividad es el que viene aplicando nuestro actual gobierno, centrado principalmente en la persecución de la economía irregular. Ello nos obliga a tener que aclarar qué es y para qué sirve la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, organismo que no puede limitarse a comprobar la legalidad de las relaciones laborales desde el punto de vista de las obligaciones empresariales con la Seguridad Social, sino también de su adecuación al Estatuto de los Trabajadores y demás leyes sociales, para garantizar el desarrollo de un trabajo digno.

Resulta frustrante que, transcurridos casi treinta y cinco años desde la promulgación del Estatuto de los Trabajadores, una organización sindical como la UPIT, se vea obligada a explicar a la ciudadanía que la institución a la que pertenecemos sus miembros, todos inspectores de trabajo, es garante de la adecuación al derecho de todas las relaciones laborales, las sumergidas y las emergidas; las primeras para conseguir que emerjan y ambas para que constituyan relaciones conforme a la legislación que los españoles, a través de las Cortes Generales, nos hemos dado.

UPIT pretende evitar la confusión reinante que se traduce en la creencia de que la IT tiene como misión única perseguir la economía sumergida. El empresariado centra esta cuestión como la causa del dumping social, de la competencia desleal que favorece a quien se oculta. Es evidente que es una de las causas, pero no la única. Entre estas últimas está el sistemático incumplimiento de algunas empresas que mantienen jornadas laborales extenuantes, ajenas a todo control y que son cumplidas por trabajadores temerosos de perder su puesto de trabajo; o que no establecen las debidas condiciones de seguridad y salud en la prestación de servicios. Afirmaciones que se derivan de la experiencia que atesoramos los Inspectores de Trabajo que indica que una causa de la elevada tasa de desempleo es la existencia de jornadas laborales excesivas por encima de las permitidas legalmente a las que obligan empresarios no sumergidos a trabajadores visibles. Incumplimientos que suponen una disminución de costes propiciando la deslealtad con otras empresas que sí adecúan las relaciones con sus trabajadores a la legislación social.

¿Por qué el empresariado tan solo centra sus preocupaciones en la persecución de desempleados e inmigrantes y olvida esas otras cuestiones? Esta posición del CEC es una muestra más del proceso de estigmatización del mundo del trabajo. Causa desazón que cite a los trabajadores de la mal llamada economía irregular y olvide a los empresarios para quienes trabajan en condiciones miserables.

Desde el inicio de la crisis económica hasta hoy, pasados casi ocho años, se han perdido por el camino muchos de los mecanismos de autodefensa de las particularidades que caracterizaban el orden social. Un orden asentado firmemente sobre los postulados clásicos del Estado de Bienestar. Los trabajadores y las organizaciones que los representan, han pasado por un proceso de profunda degradación que los ha devuelto a un pasado que creíamos olvidado.

Nos encontramos con la irrelevancia de los convenios colectivos antaño garantizadores de condiciones de trabajo aceptables; con la pérdida de una mínima estabilidad en el empleo; con la progresiva desaparición de salarios dignos; sin que sea posible la consolidación de un futuro laboral que permita vivir con dignidad.

En el trabajo diario los inspectores de trabajo nos encontramos con la realidad de un desempleo constante, con la percepción de salarios mínimos, con la naturalización del contrato a tiempo parcial como contrato tipo de inserción laboral sustituyendo al contrato a tiempo completo, con la mengua de las prestaciones de Seguridad Social y con una sombra alargada de sospecha que se cierne sobre los más desfavorecidos, sospechosos de abusar y defraudar, además de resultar caros y despilfarradores.

Nos preguntamos para qué nos quieren quienes tienen la responsabilidad de nuestra organización. ¿Pretenden que seamos la vanguardia en la persecución de parados que son contemplados como estafadores, o que persigamos a la inmigración criminalizada por algunos voceros del racismo?

No es de recibo que se reduzca la labor inspectora a una constante persecución de lo que otros entienden por “economía irregular” y al abandono de aquellos que tienen trabajo sin que se vele por el establecimiento de condiciones dignas.

La ingente cantidad de conocimiento acumulado por la IT durante más de un siglo de historia, puesto de rodillas para mayor gloria de unos objetivos cuantificados y no cualificados, unos objetivos en los que cuenta solamente aquello que tiene que ver con la economía irregular, la inmigración y la recaudación, olvidando el resto, las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos laborales, reduciéndolo a la mínima expresión, en un momento de extraordinaria debilidad de la economía y del mundo del trabajo.

Ante ello, la UPIT alza la voz y dice no. No podemos ser una herramienta de simple control de los aspectos de orden público del mundo social. La IT no es mera policía laboral. Intentamos ser garantes del ajuste de intereses entre trabajadores y empresarios que tanto ha sufrido estos últimos años. Intentamos garantizar la salud laboral, que se respete la jornada, el descanso, la conciliación laboral, etc En definitiva, que los empresarios compitan en igualdad de condiciones y los trabajadores tengan un trabajo digno. Y a propósito de los datos que aporta el CEC, sería deseable su auxilio y colaboración con la Inspección de Trabajo a través de la Dirección General, tal y como determina su Ley Ordenadora, para aflorar esa economía irregular a la que alude su informe.

Basta ya de criminalizar a los desempleados y centremos la responsabilidad de las relaciones laborales en el empresario. No juguemos con las palabras, no hay fraude laboral sin empresario defraudador.

Madrid, 11 de noviembre de 2014

 

 

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* Fuente:
http://upit.es/web/index/show/id/33

 

  

 

 

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