Otra inspección de trabajo es posible (y necesaria)
Secretariado de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT)
Ilustración de O COLIS para Zonaizquierda.org
Ante
el sorprendente plan de choque presentado por el Consejo Empresarial
para la Competitividad (CEC) contenido en el informe España 2018, la
Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT) muestra su
perplejidad con respecto a los datos que refleja el informe referidos a
la existencia de 307.000 perceptores de prestaciones de desempleo que
“trabajan en negro” y 275.000 empleos sumergidos en la inmigración
irregular. Los datos así leídos parecen reflejar una responsabilidad
achacable a estos trabajadores, cuya existencia fundamenta la mal
llamada economía irregular. La realidad es que esos trabajadores, cuyo
número realmente se desconoce, prestan servicios para empresarios,
únicos responsables de su situación legal, que se aprovechan de su
situación de necesidad.
El modelo de Inspección de Trabajo (IT) que plantea el Consejo
Empresarial para la Competitividad es el que viene aplicando nuestro
actual gobierno, centrado principalmente en la persecución de la
economía irregular. Ello nos obliga a tener que aclarar qué es y para
qué sirve la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, organismo que no
puede limitarse a comprobar la legalidad de las relaciones laborales
desde el punto de vista de las obligaciones empresariales con la
Seguridad Social, sino también de su adecuación al Estatuto de los
Trabajadores y demás leyes sociales, para garantizar el desarrollo de un
trabajo digno.
Resulta frustrante que, transcurridos casi treinta y cinco años desde la
promulgación del Estatuto de los Trabajadores, una organización sindical
como la UPIT, se vea obligada a explicar a la ciudadanía que la
institución a la que pertenecemos sus miembros, todos inspectores de
trabajo, es garante de la adecuación al derecho de todas las relaciones
laborales, las sumergidas y las emergidas; las primeras para conseguir
que emerjan y ambas para que constituyan relaciones conforme a la
legislación que los españoles, a través de las Cortes Generales, nos
hemos dado.
UPIT pretende evitar la confusión reinante que se traduce en la creencia
de que la IT tiene como misión única perseguir la economía sumergida. El
empresariado centra esta cuestión como la causa del dumping social, de
la competencia desleal que favorece a quien se oculta. Es evidente que
es una de las causas, pero no la única. Entre estas últimas está el
sistemático incumplimiento de algunas empresas que mantienen jornadas
laborales extenuantes, ajenas a todo control y que son cumplidas por
trabajadores temerosos de perder su puesto de trabajo; o que no
establecen las debidas condiciones de seguridad y salud en la prestación
de servicios. Afirmaciones que se derivan de la experiencia que
atesoramos los Inspectores de Trabajo que indica que una causa de la
elevada tasa de desempleo es la existencia de jornadas laborales
excesivas por encima de las permitidas legalmente a las que obligan
empresarios no sumergidos a trabajadores visibles. Incumplimientos que
suponen una disminución de costes propiciando la deslealtad con otras
empresas que sí adecúan las relaciones con sus trabajadores a la
legislación social.
¿Por qué el empresariado tan solo centra sus preocupaciones en la
persecución de desempleados e inmigrantes y olvida esas otras
cuestiones? Esta posición del CEC es una muestra más del proceso de
estigmatización del mundo del trabajo. Causa desazón que cite a los
trabajadores de la mal llamada economía irregular y olvide a los
empresarios para quienes trabajan en condiciones miserables.
Desde el inicio de la crisis económica hasta hoy, pasados casi ocho
años, se han perdido por el camino muchos de los mecanismos de
autodefensa de las particularidades que caracterizaban el orden social.
Un orden asentado firmemente sobre los postulados clásicos del Estado de
Bienestar. Los trabajadores y las organizaciones que los representan,
han pasado por un proceso de profunda degradación que los ha devuelto a
un pasado que creíamos olvidado.
Nos encontramos con la irrelevancia de los convenios colectivos antaño
garantizadores de condiciones de trabajo aceptables; con la pérdida de
una mínima estabilidad en el empleo; con la progresiva desaparición de
salarios dignos; sin que sea posible la consolidación de un futuro
laboral que permita vivir con dignidad.
En el trabajo diario los inspectores de trabajo nos encontramos con la
realidad de un desempleo constante, con la percepción de salarios
mínimos, con la naturalización del contrato a tiempo parcial como
contrato tipo de inserción laboral sustituyendo al contrato a tiempo
completo, con la mengua de las prestaciones de Seguridad Social y con
una sombra alargada de sospecha que se cierne sobre los más
desfavorecidos, sospechosos de abusar y defraudar, además de resultar
caros y despilfarradores.
Nos preguntamos para qué nos quieren quienes tienen la responsabilidad
de nuestra organización. ¿Pretenden que seamos la vanguardia en la
persecución de parados que son contemplados como estafadores, o que
persigamos a la inmigración criminalizada por algunos voceros del
racismo?
No es de recibo que se reduzca la labor inspectora a una constante
persecución de lo que otros entienden por “economía irregular” y al
abandono de aquellos que tienen trabajo sin que se vele por el
establecimiento de condiciones dignas.
La ingente cantidad de conocimiento acumulado por la IT durante más de
un siglo de historia, puesto de rodillas para mayor gloria de unos
objetivos cuantificados y no cualificados, unos objetivos en los que
cuenta solamente aquello que tiene que ver con la economía irregular, la
inmigración y la recaudación, olvidando el resto, las condiciones de
trabajo y la prevención de riesgos laborales, reduciéndolo a la mínima
expresión, en un momento de extraordinaria debilidad de la economía y
del mundo del trabajo.
Ante ello, la UPIT alza la voz y dice no. No podemos ser una herramienta
de simple control de los aspectos de orden público del mundo social. La
IT no es mera policía laboral. Intentamos ser garantes del ajuste de
intereses entre trabajadores y empresarios que tanto ha sufrido estos
últimos años. Intentamos garantizar la salud laboral, que se respete la
jornada, el descanso, la conciliación laboral, etc En definitiva, que
los empresarios compitan en igualdad de condiciones y los trabajadores
tengan un trabajo digno. Y a propósito de los datos que aporta el CEC,
sería deseable su auxilio y colaboración con la Inspección de Trabajo a
través de la Dirección General, tal y como determina su Ley Ordenadora,
para aflorar esa economía irregular a la que alude su informe.
Basta ya de criminalizar a los desempleados y centremos la
responsabilidad de las relaciones laborales en el empresario. No
juguemos con las palabras, no hay fraude laboral sin empresario
defraudador.
Madrid, 11 de noviembre de 2014
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* Fuente:
http://upit.es/web/index/show/id/33