Por un Estado Federal Republicano

"La competencia ilimitada conduce a un enorme desaprovechamiento del trabajo y a la atrofia de la conciencia social de los individuos"

El concepto de "corporatismo” sin más añadidos parece excesivamente amplio y ambiguo. Esta imprecisión conceptual no permite periodificar demasiado bien las diferentes estrategias corporativas y hoy está ocultando antes que iluminando el deslizamiento desde una estrategia corporativa a otra, desde el corporativismo de clase hacia un modelo de regulación del conflicto y de las diferencias sociales y laborales en el que el acuerdo político y el contrato social de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial están siendo literalmente cancelados. La crisis del corporativismo de clase a partir de finales de los años 1970 tampoco está conduciendo esta vez a una crisis del corporativismo en sí. Todo lo contrario. Hacia finales de los ochenta se produce un auténtico revival del Neocorporativismo (Th. Schulten) que refleja una transición de un gran período histórico a otro. Aquella transición empezó con la mencionada crisis del corporativismo de clase de finales de los setenta. El por entonces llamado neocorporativismo liberal representa una especia de parada intermedia hacia lo que, ya en la década de 1990, condujo a un modelo más puro y ya completamente distinto de regulación del trabajo: el corporativismo para la competitividad.

La transición: el neocorporativismo liberal de los años 1980

Los antecedentes del corporativismo para la competitividad, que en su espíritu está presente en múltiples países, no hay que buscarlo tanto en el corporativismo de clase como en los años de la ofensiva monetarista contra las dinámicas democratizadoras de los años setenta. Los mentores de esta nueva modalidad de acuerdo entre Estado, trabajo y capital aún se sentían comprometidos con la constitución no escrita de las décadas del fordismo, es decir, aún consideraban importante asegurar el pleno empleo y el bienestar social de las mayorías a cambio de su consentimiento. Este consentimiento resultaba necesario para poner en práctica las políticas de contención de la inflación puesto que esta implicaba en parte dramáticos ajustes en los salarios y de las condiciones de empleo para beneficiar sobre todo a los sectores financieros (deflación competitiva).

Estos primeros mentores del cambio se autodenominaban liberales keynesianos para definir el comienzo de su compromiso con las tesis monetaristas sin acabar de arrojarse aún a los brazos del neoliberalismo. Salen de los llamados nuevos izquierdistas norteamericanos que en los noventa estaban próximos al partido demócrata norteamericano y en Europa empezaron a agruparse en la banda política de la llamad tercera vía. Se caracterizan por dar prioridad, primero de forma no explícita luego ya de forma cada vez más clara, al reforzamiento de la competitividad internacional de las empresas ubicadas en sus respectivos países antes que al problema del desempleo y de la desigualdad social. Pero, al encontrarse en la oposición en países muy marcados por el bipartidismo (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania) también tenían un discurso al menos formalmente algo más comprometido con las necesidades de los más desfavorecidos socialmente.

Esto cambia cuando suben al poder. En realidad dentro del neocorporativismo liberal de los nuevos izquierdistas el factor trabajo ya había dejado ya de ser desde hace bastante tiempo un elemento de demanda y una categoría más socioeconómica que económica para convertirse exclusivamente en un factor de costes. De este cambio teórico-axiomático se deriva todo lo demás. En primer lugar se deriva la prioridad política de combatir la inflación antes que de crear empleo si bien esta lucha contra la inflación se enmarcaba aún en aquellos primeros años, en una estrategia de defensa del Estado del bienestar. Parecía imprescindible pedir sacrificios a los trabajadores e invitarles a colaborar en el control de la inflación con el fin último, reconocido una y otra vez, de asegurar las conquistas económicas y sociales de los últimos decenios. Muchos sindicatos y partidos de centro-izquierda aceptaron este reto. Se sentían amenazados por el desempleo, por los declives electorales, por las divisiones internas y por la ausencia de una alternativa realista y al mismo tiempo global al desmontaje neoliberal que, desde el Reino Unido y los Estados Unidos, empezaba a contagiar mentalidades, manuales de economía, gabinetes, gobiernos e incluso algunos sindicatos.

En los años noventa las políticas neoliberales de muchos gobiernos occidentales arremeten ya de forma directa y sistemática contra el corporatismo de clase arrinconando incluso a aquel corporatismo liberal de finales de los setenta / años ochenta, y n muchos casos independientemente de la naturaleza partidaria dentro de la franja del centro-derecha y del centro-izquierda. Las políticas laborales van evolucionando hacia una estrategia de rearme competitivo en el seno de la economía mundial como salida a la ralentización del crecimiento económico. El Estado del bienestar y los sindicatos son culpados de esta ralentización e, indirectamente, del problema del desempleo, de la rigidez y de la burocratización de la sociedad. Esta política situó a la sociedad del trabajo y a todo el movimiento obrero en una defensiva sin precedentes desde 1945, pero sólo en el Reino Unido de M. Thatcher y los Estados Unidos de R. Reagan, se consiguió imponer en poco tiempo la política neoliberal más pura. En la mayoría de los países occidentales la oposición al cambio era simplemente demasiado grande como para cancelar de la noche a la mañana los grandes acuerdos de la posguerra y el corporativismo para la competitividad tiene mucho de intento de encontrar mayorías y de recuperar el consenso social en un contexto de creciente oposición este tipo de políticas. La pérdida de la iniciativa política de los partidos conservadores los incapacitaba para llevar adelante tan monumental reconversión de forma que sólo parecía tener posibilidad de éxito si se reducía la oposición a la misma de al menos una parte de las clases medias y del movimiento obrero organizado . Los sociólogos alemanes Wolfgang Streeck y Fritz Scharpf son sus principales ideólogos y predicadores . Las políticas del llamado nuevo laborismo de Tony Blair y de la nueva socialdemocracia de Gerhard Schröder son sus manifestaciones más elaboradas y en buena medida teorizadazas por el sociólogo británico Anthony Giddens . Un sector del Partido Socialista Obrero Español, al que pertenece el coordinador de programa económico electoral en 2004, Miguel Sebastián, también las asume como suyas

En la tabla nº3 hemos enumerado las características del corporativismo para la competitividad contrastándolas con las de las de los anteriores modelos corporativos con el fin de describirlas de forma más ilustrativa.

El sustrato axiomático del corporativismo para la competitividad es la teoría neoclásica y no el keynesianismo. El trabajo es considerado una fuente de costes y no una fuente de demanda, Keynes ha cedido su puesto a Milton Friedman . Como hija de la escuela neoclásica de pensamiento económico, el espacio al que la nueva teoría dirige su atención preferente es el de la microeconomía y el de las políticas de oferta (por ello también se habla de corporatismo de oferta) y cuando aparecen razonamientos macroeconómicos estos están siempre al servicio de aquellas (políticas laborales, política fiscal etc.). Detrás de este fundamental cambio en la construcción discursiva se esconde una forma completamente distinta de entender las relaciones entre sociedad y trabajo. Ambos son considerados ahora medios para la maximización económica privada y no fines en los que la economía tenga que medir también su racionalidad, su razón de ser. Es verdad que en la mayoría de los casos los defensores de las nuevas fórmulas corporativas hablan no de uno sino de tres objetivos: de la mejora de la competitividad internacional de las empresas nacionales, de la reducción del desempleo y de la reducción del déficit / inflación. Pero en los resultados y en las políticas, el primero y el tercero son los con diferencia más importantes y el segundo ocupa una posición de subordinación frente a ellos. Ciertamente no puede ser de otra forma en el momento en el que el pensamiento de Milton Friedman se ha convertido en su armazón teórico.

Estrategia social

El corporativismo organicista no apostaba por reducir las diferencias sociales sino por acomodarlas en un orden asimétrico y por intentar generar consenso dentro de un orden que aceptaba y defendía en su asimetría. Esto es justamente lo que cambia con el corporativismo de clase que busca una reducción activa y decidida de las desigualdades sociales. Pero esta, desde luego, no es la apuesta del nuevo corporativismo. Para el nuevo corporativismo el origen de la desigualdad no se encuentra en una determinada forma de organización económica y social, sino en la incapacidad del individuo de utilizar óptimamente los recursos que se encuentran a su disposición para ponerle fin a su condición de ciudadano subalterno. El enfoque y la responsabilidad están puestos en el individuo entendido como un ente al margen de los demás individuos y que ha de competir con ellos. Esto implica aceptar la imposibilidad de que todos o muchos de ellos puedan no lleguen a superar nunca su condición de socialmente desfavorecidos puesto que en estas condiciones no puede haber recursos para todos. La estrategia en política social consiste así en crear unas condiciones de partida que sean iguales para todos (todos tienen derecho a una buena educación de calidad de partida, a una buena salud de partida etc.). Como se entiende que el individuo es responsable último de su sino y su pertenencia a una determinada clases social es más bien secundario, se argumenta que estas condiciones de partida generan en sí mismas justicia social. Pero este objetivo es irreal, al menos dentro del conjunto de la estrategia neocorporativa puesto que incluye una reducción de la calidad y de la cantidad de servicios públicos (educación, sanidad, infraestructuras etc.), una fiscalidad no progresiva que facilita el mantenimiento de las condiciones de partida privilegias por parte de las clases pudientes y porque se abstiene a regular desde fuera el mecanismo de la acumulación, intrínsecamente generador de desigualdades. La desigualdad social ya no es considerado un Estado insatisfactorio que las instituciones deban suavizar o mitigar en la medida de lo posible (pacto político), sino que, por el contrario, se considera que esta desigualdad es un sano motor generador de progreso y movilidad social al incentivar a los menos favorecidos a buscarse la vida. Esto es un retorno en línea recta a John Locke y a la ciudadanía liberal

“El objetivo de alcanzar una máxima igualdad no tiene mucho sentido porque su coste es demasiado elevado. Es una utopía empecinarse en mantener las nociones clásicas de justicia social frente a las tendencias económico-tecnológicas (…) La única forma de afrontar estas tendencias es aplicando la noción de la desigualdad óptima (….). Es más importante y más efectivo reducir el número de perceptores de seguros sociales que reducir el número de millonarios, sobre todo cuando los millonarios invierten creando puestos de trabajo” (U. Pfeiffer 1999, p.165)

Intervención del Estado

En las décadas de la primer experiencia corporativa, el Estado asumía una posición decantada hacia los intereses del capital y de la gran propiedad en general. Esto cambia con el corporativismo de clase pero no con el corporativismo para la competitividad. Ahora el Estado vuelve a perder una parte de su vocación mediadora y de equidistancia, los gobiernos desarrollan políticas para la mejora de la competitividad con el fin de atraer inversiones pero apenas nunca para equilibrar la asimetría social (ver arriba). Los cada vez más escasos recursos públicos no son destinados a este fin sino a mejorar el marco de la actividad económica de las empresas, que por lo demás son ya prácticamente todas privadas, a través del cual se espera que se generen puestos de trabajo, crecimiento y bienestar para todos. Es el retorno a Adam Smith que veía, con razón o sin ella, en la consecución de los intereses egoístas individuales un mecanismo automático generador de prosperidad para todos . Antes que corresponsabilizar socialmente a su creciente patrimonio los gobiernos incentivan y benefician a las clases más pudientes para que así inviertan sus ahorros o para que no trasladen sus fortunas a otros lugar y se espera que su beneficio personal y egoísta revierta, antes o después, sobre el conjunto de la sociedad. Al hacerlo, se desvinculan de sus antiguos compromisos para con las clases subalternas, compromisos que nacieron justamente en un contexto en el que este mecanismo había conducido al desastre de dos guerras mundiales. El guión es perfectamente consecuente con la ciudadanía liberal: si las personas son consideradas de nuevo las responsables últimas de su propia situación social y profesional, el Estado no tiene porqué asumir ninguna responsabilidad para con ellas (recorte de prosupuestos y servicios sociales, de las prestaciones por desempleo, de las jubilaciones etc.)

Sindicatos

La autonomía sindical reconocida en el corporativismo de clase, tiende a diluirse frente al intento de corresponsabilizar a los sindicatos en la maximización de la competitividad de las empresas y de los países. Los gobiernos reconocen y aceptan la existencia de sindicatos, especialmente cuando no tienen más remedio porque son fuertes. Pero la permanente amenaza de deslocalización y de pérdida de puestos de trabajo, así como las propias estrategias de acción sindical, empujan a los sindicatos a abandonar su propia autonomía frente a los intereses de las empresas y frente a lo que empiezan a llamarse ahora los intereses de la nación frente a los intereses del mundo hostil que la rodea. Esta especie de nueva identidad nacional que se puede denominar chauvinismo del bienestar se ha propaga por los ambientes obreros en los años noventa y forma un caldo de cultivo ideal para los brotes de xenofobia que en algunos países, preferentemente de la ZONA A, han cristalizado en potentes partidos de ultraderecha.

Dicha apuesta sindical se da preferentemente cuando los gobiernos de centro-izquierda ocupan el gobierno (Alemania, Reino Unido, Chile), pero no sólo y en cualquier caso sería un error reducir estos fenómenos sociales y laborales a sus manifestaciones partidarias tradicionales. La pérdida de autonomía sindical y la fundación de nuevas familias unidas nacionales cuyos miembros han de trabajar ahora conjuntamente con el fin de ser más eficientes y competitivos y así pegar más duro hacia fuera, tiende a generar solidaridades interclasistas hacia dentro de los países y de las regiones / naciones abarcando espacios políticos muy amplios que hoy van desde el centro-izquierda hasta la extrema derecha. La solidaridad entre sindicatos de diferentes países (por ejemplo dentro de la Unión Europea) para hacer frente a los retos de la globalización neoliberal, se hace así intrínsecamente inviable, la integración política europea directamente imposible. Admitidas las premisas del corporativismo para la competitividad, a muchos sindicatos se no les queda más remedio que convertirse en cómplices de una espiral de dumping social y salarial a la baja frente a otros sindicatos y frente a otros trabajadores de otros países pero en unión a las propias empresas y en solidaridad con las políticas de responsabilidad económica nacional. La congelación de la solidaridad en el plano internacional (paralización y bloqueo de hecho de los comités de empresa europeos o de las acciones conjuntas a nivel de la UE contra medida muy similares practicadas en diferentes países uno detrás de otros) es la otra cara de la moneda de la creación de crecientes solidaridades hacia dentro.

Impuestos

La Política fiscal ya no tiene un papel redistribuidor de la riqueza sino una papel potenciador de la competitividad. Antes de la Segunda Guerra Mundial no existía un sistema impositivo universal. En una sociedad como la capitalista este sólo podía ser el fruto de un pacto político y ese no se dio hasta después de 1945 y el corporativismo de clase incluye, por primera vez un sistema fiscal sobre la base de la progresividad (paga un porcentaje superior de su salario quien más gana). El pleno empleo facilitaba la recaudación con la que los Estados cofinanciaban los servicios públicos de todo tipo, pero no eran ni el crecimiento económico ni el pleno empleo en sí mismos los que condujeron a una mayor progresividad fiscal, sino el contrato social, el acuerdo político previo (constitución no escrita). En la España de Franco, donde no se dio ese pacto, la recaudación fiscal sobre el conjunto del PIB era la más baja de Europa occidental hasta que en la segunda mitad de los años setenta se firma ese pacto político que en parte está materializado en la Constitución de 1978.

Pero el triunfo de Milton Friedman sobre Keynes, la cronificación del desempleo y el estancamiento de la demanda interna, sólo deja la posibilidad de relanzar la economía recurriendo a dos medidas: las exportaciones y el recorte de impuestos, es decir, reduciendo aquella parte del excedente destinada a generar justicia social con dinero o en especies y a reparar el desgaste del patrimonio colectivo. Este recorte no suele ser progresivo sino todo lo contrario: las rentas del capital (productivo y financiero) tienden a obtener más beneficios fiscales que las rentas del trabajo. Del informe presentado por la Comisión Europa en 1997 por el entonces comisario milanés Mario Monti, se desprende el drástico cambio de la estructura impositiva en los 15 países de la Unión Europea. Dicho informe demuestra la drástica caída del peso relativo de los impuestos sobre el capital y los beneficios empresariales (del 45% al 34%) a partir de principios de los años ochenta en los países de la Unión así como el aumento del peso de los impuestos que gravan sueldos y salarios del 35% al 45% . Según Michel Albert, esta política fiscal es la responsable de aproximadamente una tercera parte del desempleo en Europa desde 1980. No sólo no se ha invertido con el ascenso de los partidos de centro-izquierda, sino que incluso se ha acentuado aún más. La explicación que da Albert de este fenómeno es la siguiente:

“En un espacio económico integrado que sin embargo no forma una unidad política y fiscal, las leyes de la competencia afectan directamente a los Estados. El capital se mueve hacia las zonas con menos carga fiscal de forma que los Estados se ven obligados a reducir los impuestos que gravan las partes más móviles de la economía y a gravar más las sus elementos menos móviles, sobre todo el trabajo de los menos cualificados M. Albert (2000), p.12

La movilidad del trabajo es estructuralmente menor que la movilidad del capital, lo cual significa que con la actual organización económica el sistema impositivo necesita gravar menos al capital que al trabajo. Pero esto también significa que el sistema fiscal es cada vez menos un instrumento de solidaridad social y de redistribución de la riqueza y cada vez más un instrumento para la potenciación de la competitividad económica internacional . Esto genera una espiral de dumping fiscal a la baja entre países, regiones y naciones.

Ejemplo: el Nuevo Laborismo inglés

La política impositiva practicada por los gobiernos de Tony Blair es ilustrativa en este sentido. Tony Blair ganó las elecciones con un cierto mensaje de justicia social para poner fin a la era Thatcher. De hecho, el 10% de hogares con menos ingresos mejoraron su capacidad de consumo en un 13% entre 1997 y 2001 gracias precisamente a la reducción de impuestos . Especialmente los hogares pobres con niños menores, entre los cuales se encontraba los de la autora ahora multimillonaria de Harry Potter J.K. Rowling, aquellos con un desempleado o formados por pensionistas, han resultado beneficiados por estas tipo de medidas fiscales. La polarización social no ha aumentado como en los años de la Dama de Hierro pero el problema es que tampoco ha disminuido. La buena coyuntura económica y la reducción de impuestos ha estimulado la demanda interna sin provocar un aumento del gasto público. Pero detrás del este aumento de la demanda se esconden desigualdades sociales mayores de lo que parece a primera vista puesto que sobre todo ha beneficiado a los hogares más ricos. El 20% de los hogares más opulentos ha mejorado su poder adquisitivo en un 2,8% a lo largo de estos años pero el 20% de los hogares más pobres lo ha mejorado sólo en un 1,4%. Pero esto no es todo porque estos últimos además han salido especialmente perjudicados del empeoramiento de los servicios públicos provocado precisamente por la reducción de impuestos. Ahora el Estado recauda menos y una parte de la demanda pública se ha convertido en demanda privada sin que haya aumentado sustancialmente la demanda interna total. Simplemente se ha desplazado desde los hospitales a los coches privados, desde los trenes a las tiendas de electrodomésticos.

Esto explica que las grandes reformas de lo público prometidas por Blair hayan quedado postergadas (la sanidad, el sistema educativo, las infraestructuras públicas). Entre 1997 y 2001 el gobierno británico ha invertido menos del 1% del PIB en el sector público por falta de presupuesto, la cifra más baja desde la Segunda Guerra Mundial . Ahora, el Reino Unido es más competitiva internacionalmente, la libra sufre menos tensiones inflacionistas lo cual beneficia sobre todo a la City y al lobby pronorteamericano en Londres, las clases más acaudaladas tienen más para gastar y en menor medida también las clases subalternas. Pero los servicios públicos siguen agonizantes. Al beneficiar preferentemente a las clases menos favorecidas que no tienen capacidad de comprarlos en el mercado se puede decir que lo que Tony Blair les ha dado en dinero en concepto de exención de impuestos, se lo ha quitado en concepto de servicios, lo que les ha dado en dinero se lo ha quitado en especies. Este cambio de consumo en especies por consumo monetario no se refleja en la contabilidad económica del país, pero ello no quiere decir que su coste social, ambiental, cultural, sanitario etc. sea neutro (problema de balances incompletos).

Territorio

Antes de la Segunda Guerra Mundial los territorios no eran apenas objeto de planificación. Sólo las grandes aglomeraciones urbanas en las que la situación social y sanitaria se hacía insostenible, eran sometidas a intervenciones públicas (Ley pionera de Planificación de Viviendas y Ciudades de 1909 en el Reino Unido etc.) . Las empresas privadas competían entre sí y los espacios comunes eran territorio económicamente virgen susceptible de ser colonizado, apropiado y privatizado por cualquier emprendedor con iniciativa, con capital, con sangre fría o con sentido del riesgo. Las agresiones al medio ambiente, a la racionalidad urbana y al patrimonio colectivo aún siendo en algunos casos enormes estaban, sin embargo, localizadas en las aglomeraciones urbanas e industriales. La escala técnica de la producción y del consumo era mucho menos y, entre otras cosas, no existía apenas el automóvil privado. La actividad del hombre no tenían la misma incidencia sobre el territorio y los consumos energéticos por unidad PIB eran sustancialmente menores, si bien en algunas zonas urbanas como Londres, Bochum o Manchester la combustión del carbón hacía estragos.

Esto cambia después de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados-nación se desarrollan hacia dentro, se construyen infraestructuras con dinero público y las ciudades, las vías de comunicación etc. son objeto de estudio y planificación a largo plazo siguiendo criterios de racionalidad colectiva y plural: no se trataba sólo de mejorar la competitividad economica y la rentabilidad de las empresas, sino que además se trataba de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, de conservar e incrementar el patrimonio colectivo (cultura, arquitectura, naturaleza, paisaje), de racionalizar el uso del espacio atendiendo a necesidades colectivas etc.: ahí el carácter plural de la racionalidad practicada. En los años 1980 vuelven a cambiar las grandes políticas de planificación del territorio. El territorio, las infraestructuras urbanas e interurbanas son puestas ahora unilateralmente al servicio de la competitividad nacional e internacional (rearme competitivo) es decir, al servicio de la maximización económica privada. Siguiendo el axioma de la mano invisible se entiende que esta maximización generará por sí misma desarrollo social y también desarrollo territorial. Los medios de comunicación viaria, los aeropuertos, la política de suelo y la estructura de las ciudades se diseñan y planifican no en función de una pluralidad de fines y racionalidades, sino en función del fin único y exclusivo de la maximización económica privada. Pero como las actividades económicas están cada vez más dispersas y dependen cada vez más de los recursos colectivos esto genera una revaluación del peso de los territorios y de las regiones puesto que su planificación y su ordenación territorial y social pasan a convertirse cada vez más en elementos fundamentales de competitividad empresarial (infraestructuras viarias, sistema de formación, de I & D, estructuras impositivas etc.)

Esto no es sinónimo de desarrollo local y regional aunque tampoco lo excluya totalmente. En ningún caso se puede decir que el territorio se planifique en función de las necesidades de la existencia cotidiana de sus ciudadanos y de las del desarrollo sostenible. El crecimiento y la competitividad industrial tienen prioridad absoluta frente al desarrollo aunque se espera que genere también algo de desarrollo y bienestar social. Esto tiende a genera incompatibilidades entre la racionalidad colectiva y la racionalidad privada, máxime cuando los espacios de lo común son subordinados cada vez más a la lógica de la competitividad empresarial (distritos industriales). Siguiendo la tradición de la ciudadanía liberal, el territorio no es visto ya como patrimonio compartido (propiedad colectiva) sino como espacio virgen susceptible de ser colonizado económicamente por algún particular. Las regiones y las poblaciones no se benefician sino en una pequeña parte, de forma residual y durante períodos más bien cortos de tiempo de las inversiones públicas. Su beneficio es una especie de subproducto indirecto de las inversiones y las medidas de ordenación del territorio. La ley española del suelo de 1998, que determina que todo el suelo que no esté expresamente protegido podrá ser urbanizado, es decir, sometido a las leyes de la acumulación privada, es un ejemplo extremo de esta política . Hay otro segundo ejemplo no menos ilustrativo.

Ejemplo: la ampliación del aeropuerto de Barajas en la Comunidad de Madrid

El caso de la ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas es un ejemplo muy representantivo. La ampliación prevista va a generar una enorme cantidad de basura acústica adicional que les quitará el sueño a varios cientos de miles de ciudadanos más, va a degradar un cauce fluvial, el del río Jarama, que las aves migratorias utilizan para volar todos los años de un extremo a otro de Europa. El argumento, una y otra vez reiterado por las autoridades para justificar una ampliación tan llamativamente cercana a las zonas residenciales y ambientalmente tan agresiva, es el interés general. Este interés está expresado en términos de necesidad de aproximar el aeropuerto lo más posible a la capital, un acercamiento que en principio podría entenderse como una aportación a la mejora de las infraestructuras colectivas de la región a cambio de la cual hubiere que pagar un precio. Sin embargo lo que realmente se quiere aproximar entre sí es el aeropuerto y la city financiera de la ciudad situada en la zona Nuevos Ministerios es decir, resolver un problema de movilidad específico y no un problema de movilidad general. En el mundo de las finanzas es importante que los jugadores globales, la élite empresarial y mediática que sustenta el orden neoliberal, se puedan desplazar en minutos desde el avión a las sedes de los bancos y de las grandes empresas multinacionales. A pesar de que los jugadores globales (global players) no representan sino una fracción de la población, y muchas veces ni siquiera viven en Madrid (por eso necesitan acercarse rápidamente a al ciudad para luego abandonarla rápidamente), la mejora de su movilidad en unos cuantos minutos es lo que realmente justifica ese acercamiento. Gracias a la construcción de una línea de metro especial, la city se encuentra ahora a 12 minutos del aeropuerto, un récord absoluto en toda Europa cuyos aeropuertos están todos situados en zonas menos contaminantes. Los servicios financieros y los servicios a empresas de la capital serán a partir de ahora un poco más competitivos que los de otras capitales similares, lo cual asegurará algunos puestos de trabajo en el sector financiero y en otros anexos a él .

La pregunta es ¿cuántos puestos de trabajo, por cuánto tiempo, a qué coste ambiental y sanitario, en definitiva: cuál es el saldo final de la ampliación del aeropuerto y de su comunicación directa con la capital para el desarrollo para la región? Se trata por tanto otra vez de un problema de balances completos / incompletos. Los cientos de miles de millones que se han invertido en la construcción del metro han generado efectivamente un beneficio para la ciudad, pero es un beneficio escaso en relación a la inversión realizada: sólo tres estaciones nuevas de metro y una línea rápida que no va más allá de la city ni del aeropuerto. El coste en términos de sostenibilidad (ruido adicional e impacto ambiental) había podido reducirse si se hbuera construido un aeropuerto nuevo en una zona deshabitada. Pero este necesariamente tendría que situarse más lejos de la capial, es decir, a más minutos en transporte público. Ahora es posible reducir costes y batir (temporalmente) a los enemigos competidores en el sector financiero pero al precio de una considerable destrucción. Dinámicas similares se dan entre países o incluso entre territorios, nacionalidades y regiones dentro de un mismo país.

Mercados y expansión económica

Entre 1860 y 1914 la expansión económica y comercial estaba orientada preferentemente hacia los mercados exteriores. En el período de entreguerras la expansión exterior quedó bloqueada y, a falta de un cambio en la distribución de la renta, también la expansión interior (crisis de los años treinta) . El corporativismo de clase se basó en su día en una combinación entre expansión exterior gradual, consensuada y regulada internacionalmente (sistema de Bretton Woods) y desarrollo de los mercados interiores inspirada en las teorías de J.M. Keynes. Las economías nacionales se incorporaban al mercado mundial con el fin de superar las políticas proteccionistas de los años treinta, pero se trataba de una incorporación “con cojines protectores”, gradual y regulada de forma multilateral (sistema Bretton Woods, reducción lenta y paulatina de los aranceles con las rondas GATT). La expansión exterior quedaba así subordinada a la expansión interior, a la demanda interna que era el espacio de desarrollo económico principal.

“la economía es regulada políticamente orientándola al mercado exterior. Este último es expuesto con cuidado y con cojines protectores a las leyes del comercio mundial y de su sistema monetario” R. Dahrendorf (1992), p.35.

El corporativismo para la competitividad vuelve a apostar por la demanda externa frente o mejor: a costa de la demanda interna. No por casualidad es en Alemania, el primer país exportador de occidente, donde más y antes ha arraigado esta nueva estrategia corporativa. Y esto –ahí lo nuevo- a pesar der tratarse de un país con un enorme mercado interior de 80 millones de consumidores, una parte de los cuales malvive en condiciones muy precarias desde la llamada unificación. Lo significativo del caso de Alemania es el extremo desequilibrio que existe entre el potencial de desarrollo del mercado interior y el desarrollo efectivo del mercado interior. No hay en el mundo una nación con tan alto porcentaje de exportaciones sobre el PIB en relación a la extensión de su mercado interior, es decir, en relación al potencial de crecimiento de su propia demanda interna. No hay otra economía que, ni de lejos, fuerce tanto la expansión exterior de sus empresas en relación a las posibilidades de desarrollo de mercado interior . En este punto existe una rivalidad fundamental entre la estrategia corporativa de clase y el corporativismo para la competitividad. Las consecuencias también son inequívocas: el país ha conseguido mantener en los años novena su condición de país más competitivo de Europa Occidental y casi del mundo, pero también es el país donde más ha crecido la tasa de desempleo. El año 2003 esta era ya superior al 11% de la población activa.

Provisión de bienestar

En los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, el Estado del bienestar no existía sino de forma muy rudimentaria e incipiente en algunos países. En 1970 alcanzó el cenit de su desarrollo como resultado de la convergencia entre las políticas keynesianas, el contrato social de la postguerra, la constelación internacional y los brotes de ciudadanía republicana. A lo largo de los 1970, países con Estados del bienestar de signo demócrata-cristiano como Alemania Federal, Francia, Italia y los Países Bajos se acercaron a la tipología socialdemócrata. Países con modelos de bienestar ultraconservadores como España, Portugal y Grecia evolucionaron hacia modelos de tipo demócrata-cristiano. En ambos casos se trataba de una descarga de las familias y también una descarga del mercado en la provisión de servicios de bienestar y un aumento de la responsabilidad de los Estados.

Con la contrarrevolucón monetarista a partir de los años 80 la provisión de servicios de bienestar por parte del Estado es acusada de ser la responsable del déficit fiscal, de la rigidez económica y social, y de la falta de competitividad de los países y de las empresas. La liberación de las energías y de la creatividad de los individuos (H.-D. Genscher, Ministro de Asuntos Exteriores alemán), liberación que implica justamente la reducción de la responsabilidad del Estado para con los individuos se convierte en la doctrina oficial de numerosos gobiernos. La erosión del espacio de lo público y compartido ha sido desde entonces una constante en la mayoría de los países occidentales. Aquellos que habían evolucionado hacia el modelo socialdemócrata (Francia, Alemania, Países Bajos y últimamente incluso Austria etc.) vuelven al esquema demócrata-cristiano e incluso se aproximan cada vez más al modelo liberal de corte anglosajón , lo cual es lo mismo que decir que el peso del mercado en la provisión de servicios de bienestar aumenta rápidamente. En muchos de estos países también disminuye la función de la familia en la provisión de estos servicios debido a una fuerte caída de la tasa de natalidad y del aumento de los hogares monopersonales, lo cual provoca graves alteraciones demográficas. Esta situación es una pequeña bomba de relojería puesto que, si bien la reducción de la tasa de natalidad genera una disminución drástica del volumen de trabajo doméstico (3 horas por el primer hijo y día y una hora más al día por el segundo hijo menor de 10 años), generará en el futuro un aumento relativo no menos drástico de las tareas domésticas asociadas al cuidado de los mayores que van a recaer sobre cada uno de los miembros de la unidad familiar. Esto no sólo desequilibrará el sistema de pensiones, sino también las redes familiares de provisión de bienestar. Por de pronto la marcha desde el modelo demócrata-cristiano al modelo liberal está generando una rápida transformación de trabajo doméstico en trabajo remunerado, en buena parte gris (empleo de trabajadoras domésticas, casi siempre sumergidas)

Costes laborales y empleo

El corporativismo organicista no contemplaba políticas salariales consensuadas porque no admitía la negociación entre partes autónomas y esa es una de las cosas que cambia justamente hacia 1945. Uno de los objetivos principales del corporativismo de clase era alcanzar el pleno empleo y vincular los salarios a la productividad. El pleno empleo tenía una lectura no sólo económica sino también social, es decir, en última instancia política. Para el nuevo corporativismo la reducción de los costes de personal es uno de los mecanismos más importantes -aunque dependiendo de los países no el único- para conseguir ser más competitivos. Esto se deriva de una nueva forma de concebir y de entender el llamado factor trabajo. Muchas veces, y para ganarse el apoyo de los sindicatos y de parte del electorado, se argumenta que la reducción de costes de personal en realidad está al servicio de la creación de empleo, que es un medio para alcanzar este último fin.

Pero tanto las construcciones discursivas como los hechos apuntan también en este caso en otra dirección. Es verdad que en algunos países este pacto ha generado empleo debido a la alteración de algunos factores (reducción de impuestos o reducción de los salarios reales), al aumento de las exportaciones o debido a una coyuntura económica mundial favorable. Sin embargo esto ha sido siempre un efecto derivado, una consecuencia más o menos esperada pero en ningún caso provocada activa- y sistemáticamente por las políticas económicas. Es, como mucho, un subproducto de la estrategia de rearme competitivo que puede darse o puede no darse y que, en cualquier caso, tiende a ser efímero. En realidad no se trata ya de vincular los salarios al incremento de la productividad o de ir a subidas salariales prudentes y moderadas al estilo de los procedimientos fordistas de los tiempos del corporatismo liberal de los ochenta que ante todo perseguía controlar la inflación. Tampoco se trata sólo de reducir y regular excesos en situaciones de conflicto laboral. Se trata más bien de una praxis permanente de (auto)control salarial y de reducción de los costes sociales (reducción de pensiones, jubilaciones etc.) con el fin de maximizar indefinidamente los beneficios empresariales para así atraer inversiones que pueden generar, si es posible, generar puestos de trabajo o para mantener las poscitaciones competitivas conquistadas. El aumento de los salarios no genera desarrollo de regiones o incluso países vecinos. Más bien todo lo contrario. El desarrollo económico adicional generado por efecto de la reducción de los salarios, repercute negativamente sobre el desarrollo de las regiones y de los países vecinos puesto que son puestos de trabajo robados al vecino (dumping laboral). Ese mecanismo bloquea toda posibilidad de ir a formas solidarias de desarrollo social y territorial, así como la posibilidad de ir a una integración social y fiscal dentro la Unión Europa.

Ejemplo: la política laboral de G. Schröder

El caso alemán es revelador en este sentido. Gerhard Schröder debe su primer triunfo electoral a su propuesta neocorporativa del llamado pacto nacional por el trabajo, la innovación y la justicia social. Tras su primer triunfo electoral (el segundo de 2002 apenas se puede llamar triunfo) este pacto fue reorientado hacia la consecución del primer objetivo. Al mismo tiempo fue sutilmente rebautizado con un nuevo título en el que la expresión de justicia social ya no aparece (pacto por el trabajo, la formación y la competitividad). Este pacto, que llevó a una reducción de los costes salariales unitarios, contribuyó al espectacular aumento de las exportaciones alemanas en la segunda mitad de los años noventa. Las ventas en el extranjero crecieron casi un 200% mientras que las ventas dentro del país sólo crecieron un 16% entre 1993 y 2002. Este espectacular crecimiento fue debido, en última instancia, al aumento del endeudamiento de los hogares norteamericanos y también al aumento de la cotización del dólar frente al marco y el euro .

Pero esta política económica, hija del corporativismo para la competitividad, no sirvió ni para solucionar o mitigar el problema del desempleo, ni tampoco para estimular el crecimiento de los salarios reales y de la demanda interna. Hacia mediados de 2003 el desempleo rozaba la cifra récord de 4,5 millones, un porcentaje irreconciliable con el espíritu del ya rebajado pacto nacional por el trabajo, la formación y la competitividad con el que Schröder ganó las elecciones. La respuesta del gobierno Schröder (del que también forman parte Los Verdes Alemanes que han ratificado esa línea económica en su último congreso) es reducir aún más el coste del factor trabajo. Para conseguirlo, y tomando como excusa las proyecciones demográficas, ha iniciado el desmontaje del sistema de protección social más antiguo del mundo (Agenda 2010). El coste de esta política para el SPD no es pequeño. Su popularidad no había Estado nunca tan cerca del suelo desde la Segunda Guerra Mundial y la situación es tan grave, que Alemania se ha visto obligada en otoño de 2003 a infringir las férreas y completamente artificiales normas de disciplina presupuestaria que ella misma le había impuesto a la Unión Europea en el marco de su política de rearme competitivo nacional de aquellos años y en una situación de euforia exportadora.

Negociación colectiva

En los tiempos del corporativismo de clase los convenios territoriales, en los que se fijaba uno niveles salariales mínimos, no distinguían (no distinguen porque siguen estando vigentes aunque están sufriendo una fuerte erosión en muchos países) entre empresas más o menos productivas a la hora de fijar esos mínimos. Esto condujo a una nivelación salarial dentro de los respectivos países, nivelación que forma uno de los pilares de la sociedad fordista. La política de solidaridad salarial sueca es su exponente más avanzado pero no el único. En los años ochenta, la política salarial solidaria empieza a evolucionar hacia una política salarial competitiva: los salarios dejan de ser demanda efectiva y pasan a convertirse en costes empresariales que frenan la competitividad de los países. A partir de este momento, empiezan a aumentar los abanicos salariales en la mayoría de los países, los convenios de empresa empiezan a ganar peso frente a los convenios de sector o a los convenios territoriales. El sustrato microeconómico del nuevo corporativismo tiende a promover los espacios empresariales frente a los espacios transversales y sociales, es decir, fracciona el cuerpo laboral en pequeños feudos donde la asimetría entre capital y trabajo tiende a ser mayor, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Esta refeudalización de las relaciones laborales no sólo debilita la parte del trabajo, sino que, además, genera una cultura laboral poco sostenible puesto que pierde la noción de espacio social y natural compartido (producción entendida como producción social), se concentra en su desarrollo competitivo interno que define frente a aquel (idea de la familia unida frente a terceros) y además promueve las relaciones de empresa de tipo paternalista.

Participación política

El corporativismo organicista se ha llevado siempre mal con la democracia. Hasta 1918 ni siquiera existía sufragio universal casi en ningún país y ese mismo año ya había empezado en Portugal la cadena de golpes de Estado y de anulaciones de derechos democráticos que se cerró en 1938 con el gabinete de concertación de M. Crsitea en Rumanía que prohibió todos los partidos políticos, así como con la ocupación de Bélgica, los Países Bajos, , Dinamarca y parte de Francia por parte de las tropas alemanas en 1941. La constitución no escrita de después de 1945 generó un parlamentarismo estable con altas tasas de participación electoral. El nuevo bloque hegemónico incluía concesiones sociales a las clases menos favorecidas que respondían a estas concesiones con su consentimiento, también con su consentimiento político y electoral.

A partir de los años ochenta las cosas empiezan a cambiar no sólo en el ámbito de las relaciones laborales, sino también en el ámbito de la cultura democrática. En esas fechas comienza una erosión lenta pero constante de la legitimidad política de los gobiernos elegidos y un marcado aumento del desinterés por la política parlamentaria. Este se pone de manifiesto en el aumento de la abstención electoral y de los partidos antisistema. Las causas son complejas, pero es más que probable que las razones aquí esgrimidas tengan algo que ver con el fenómeno de la participación política . En un reciente estudio comparativo internacional, Robert D. Putnam llega a las siguientes conclusiones:

La erosión de la democracia parlamentaria

“En 17 de 19 países de la OCDE, la participación electoral está hoy por debajo de la que se daba en los primeros años 1950 (...) Este retroceso casi universal en la forma de intervención política más importante (casi la única de la que disponen los ciudadanos AFS) es especialmente llamativo porque va unido a un rápido aumento del nivel de formación de la población, y porque la educación es considerada normalmente como una garantía de participación política"

R. Putnam (2003), p.404.

Las tendencias descritas por Robert Putman se han acelerado en los últimos años. Se han ratificando en las elecciones presidenciales francesas de 2002 (con tres millones de personas que no acudieron a las urnas) y en las elecciones británicas del 2001. En estas últimas se produjo un 46% de abstención, un porcentaje sólo superado por los Estados Unidos pero que representan un récord histórico para la cultura política de la Europa de después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque este porcentajes ya viene seguido de cerca por el 45% de abstención electoral que se registró en las elecciones del 2002 en el Land alemán de Sajonia-Anhalt y por el 43% de abstención en las últimas elecciones del próspero Land de Baviera . Son tendencias que apuntan en una dirección relativamente clara: la cancelación de los contratos sociales de la posguerra por parte de los gobiernos, los Estados y los sectores privilegiados y empresariales está siendo respondido por las clases subalternas con la retirada de su consentimiento. Ni la teoría política del Nuevo Constitucionalismo ni el formalismo democrático de los filtros axiomáticos dominantes parecen suficientes para evitarlo.

Sindicatos, estrategia competitiva y ruina democrática y ambiental - PDF

La transición: el neocorporativismo liberal de los años 1980

Estrategia social

Intervención del Estado

Sindicatos

Impuestos

Ejemplo: el Nuevo Laborismo inglés

Territorio

Ejemplo: la ampliación del aeropuerto de Barajas en la Comunidad de Madrid

Mercados y expansión económica

Provisión de bienestar

Costes laborales y empleo

Ejemplo: la política laboral de G. Schröder

Negociación colectiva

Participación política

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