Programa para la Iniciativa Política de la Izquierda.
Aportación de bases para un acuerdo.
La situación actual de Izquierda Unida y el momento político en España, obligan a que abordemos la próxima etapa política desde una actitud activa, de recuperación de la iniciativa política autónoma. Sólo así será posible el urgente relanzamiento de Izquierda Unida como amplio movimiento político y social.
Por otra parte, sólo desde un amplio acuerdo que aúne las voluntades de una amplia mayoría de la militancia –que ha de ser muy superior al 50%- y desde una apuesta constructiva y unitaria de las tres candidaturas que se presentaron en la VIII Asamblea de nuestra organización, seremos capaces de poner en marcha ese relanzamiento urgente de IU que debe asentarse sobre dos soportes principales:
a) La recuperación de la iniciativa política a todos los niveles, prescindiendo de una táctica subalterna a las propuestas del Gobierno del PSOE
b) La recuperación de la coherencia entre nuestras propuestas y nuestra actividad práctica, reforzando el componente ético como una seña de identidad de IU.
Debemos dotarnos, pues, de una estrategia política clara y bien definida en la que todos nos sintamos cómodos y que se corresponda con una estrategia de abrir cauces y posibilidades a una alternativa al neoliberalismo.
Con este propósito nos dotamos del siguiente Programa para la Iniciativa Política, cuya intención es que sirva como orientación para la acción a quienes se sientan identificados con sus propuestas y como aportación al debate unitario que proponemos:
1.- Alternativa económica y modificación de las relaciones laborales
En política económica no es posible seguir acompañando con nuestro voto en las Instituciones y, en algunas ocasiones con nuestra gestión, las políticas de consolidación del modelo neoliberal.
Otra política económica es necesaria y comienza a tener justificación socialmente aceptada.
A.- Política hacia la empresa
Es preciso favorecer el desarrollo de un modelo de empresa de transición, alternativo al modelo neoliberal. Ese modelo debería definirse bajo el criterio fundamental de la eficiencia social y, por tanto, con formas de control democrático de los trabajadores y la sociedad. El paradigma de la eficiencia social (empleo, riqueza, respeto a la naturaleza y la salud, etc) debe explicarse de tal forma que permita fundamentar una lucha ideológica y política de masas en su favor. En ese marco y, programáticamente,, sería necesario:
a) El desarrollo de nuevos modelos de investigación, desarrollo, innovación y gestión, con la propuesta de alternativas de socialización de I+D+i.
b) La critica y superación del concepto de competitividad neoliberal, como mero argumento ideológico para justificar las políticas de desregulación laboral y por tanto la negación de apoyo a toda medida fundamentada en ese criterio.
c) El fortalecimiento de formas alternativas de propiedad (estatal, pública, y cooperativa) mediante las correspondientes medidas legales, fiscales y financieras que garanticen su igualdad frente a la competencia en el mercado. Concretar un estudio de oportunidades para un nuevo desarrollo de los sectores público y social de la economía. Dotarse de los elementos científicos necesarios para fundamentar la mayor eficiencia social, medioambiental y democrática de las empresas de propiedad pública y social. La ayuda pública implicará mecanismos reforzados de control democrático (tanto públicos como de los trabajadores).
d) Desarrollar una política económica que explore y aproveche las posibilidades de la dualización de la economía entre un sector sometido a la competencia internacional y otro que escapa a ella (por ejemplo, empleos de proximidad en ciertos servicios sociales, reforestación, etc.)
B.- Cambios en las relaciones económicas internacionales
Aplicación de un abanico de propuestas para un modelo de relaciones económicas internacionales basado en la cooperación y no en la competitividad. Entre ellas estarían:
a) La regulación de la producción, distribución y consumo de los recursos energéticos fósiles.
b) El desarrollo de la investigación en energías alternativas.
c) La reforma democrática de los organismos comerciales y financieros internacionales
d) La condonación de la deuda externa.
e) La limitación de la libre circulación de capitales especulativos (Tasa Tobin).
f) Luchar por la prohibición en las relaciones económicas internacionales de la extraterritorialidad (Ley Helms-Burton) o de la imposición a terceros países de limitaciones políticas en sus relaciones económicas y comerciales.
g) La critica y superación del modelo vigente de ayuda al desarrollo, incluidos sus objetivos cuantitativos (0,7%).
Todas estas medidas deberían realizarse bajo el control de la Asamblea General de Naciones Unidas.
C.- Reforma del sistema financiero
Poner en marcha sistemas de aportación de recursos para la financiación de la inversión y el desarrollo socialmente útiles.
Se trataría de situar las necesidades sociales como objetivo del sistema y no la obtención de beneficios financieros. Para ello, la palanca es el sistema financiero público constituido por las Cajas de Ahorro. La alternativa pasa por desarrollar un sistema de crédito selectivo, socialmente eficiente que cubrirían estas instituciones financieras, sin renunciar a la creación de nuevas instituciones de carácter público. Complementariamente habría que reforzar el sistema de control democrático de las Cajas de Ahorro y plantear la conveniencia de que la Banca privada devuelva al sector público los ingentes recursos invertidos en el saneamiento del sector privado.
D.- Modificación de las relaciones laborales
La izquierda debe articular un planteamiento ofensivo que vaya más allá de la recuperación de la situación perdida en cuanto a derechos laborales: hay que comenzar a traspasar el neoliberalismo. Este modelo debe asentarse sobre el empleo estable y de calidad, la democracia en la empresa, la cualificación de la fuerza de trabajo, la participación en los incrementos de productividad y la superación en las relaciones laborales de cualquier tipo de discriminación (mujeres, jóvenes, inmigrantes). Este modelo debe estar estrechamente relacionado con el concepto de empresa socialmente eficiente que hemos propuesto anteriormente.
Para el despliegue de las medidas que conduzcan a esta finalidad hay dos aspectos que consideramos cruciales:
a) La definición de un modelo de democracia en la empresa que garantice el control sobre las grandes decisiones (objetivos de producción y mercado, inversiones, deslocalización, política salarial –altos ejecutivos/trabajadores no especializados,etc) con la participación de trabajadores, sus organizaciones sindicales y los representantes de la ciudadanía.
b) Lucha determinante por el pleno empleo mediante un sistema empleo/formación, de forma que el trabajador esté siempre en una de esas dos situaciones. En la financiación del sistema se utilizarían los recursos del actual Seguro de Desempleo y un sistema bonus/malus que penalizará a las empresas con políticas destructoras de empleo.
E.- Política de vivienda
En cuanto a la vivienda, partimos de una critica rigurosa del modelo de política de vivienda desarrollado en España tanto por la derecha como por la socialdemocracia e, incluso de las propuestas programáticas de IU y sus aplicaciones como en el caso de Euskadi. Se puede afirmar que el rasgo común de todos ellos es la no intervención global en el mercado del suelo y la vivienda para no cuestionar las bases del modelo de desarrollo económico de los últimos decenios ni una de las principales fuentes de financiación de los Ayuntamientos, con los resultados de todos conocidos. La aplicación de ese modelo ha generado dos mercados: uno de vivienda de protección oficial, altamente corrompido, y otro de vivienda libre, extraordinariamente especulativo. A eso se ha añadido la generación de guetos. Las líneas esenciales de una alternativa serían:
a) La intervención directa del Estado, CC.AA. y Ayuntamientos en el mercado global de la vivienda (superando el actual concepto de VPO) y no sólo en su regulación; su intervención en todos los submercados (alquiler y propiedad, suelo, construcción, promoción y rehabilitación, etc). Esto exige la superación del concepto meramente asistencial (vivienda barata para necesitados).
b) El énfasis en la vivienda de alquiler y en la rehabilitación y no en cantidades marginales sino como herramienta no limitada de intervención en el mercado.
c) La consideración integral del problema del Habital humano, vinculando entre otros aspectos, Vivienda, Urbanismo, Ordenación del Territorio, Protección de la Naturaleza y Movilidad.
d) La consideración de la funcionalidad social de la vivienda (discapacitados, tercera edad, jóvenes, proximidad al centro de trabajo, servicios sociales e infraestructuras).
2.- Reforma del Estado y modificaciones constitucionales
Compartimos el análisis sobre la función del Estado que se deriva de las contradicciones entre las clases sociales y, por tanto, consideramos necesario disputar al gran capital el control del papel del Estado como regulador de las relaciones económicas, políticas, sociales, culturales e ideológicas. Esto, desde un punto de vista de la izquierda alternativa lleva a la cuestión del poder político y de la democratización profunda del Estado.
Es preciso desvelar la falacia del Estado mínimo, neutral, que no interviene. En la fase actual de desarrollo del capitalismo, el Estado bajo la ideología neoliberal, en lo que hace y en lo que ha cedido a otros para que hagan, ha alcanzado cotas de intervensionismo y control mucho más elevadas y eficientes a favor de los intereses del gran capital que los Estados burgueses precedentes.
Debemos comenzar a poner en pie un modelo diferente de intervención y regulación de las relaciones, que opere en beneficio de la gran mayoría. Si no queremos plantear esto como una falsa ilusión, es necesario proponer elementos de democracia real que conduzcan a poder político real. El enfoque de una iniciativa de ese tipo debería caracterizarse por:
a) Plantear la forma republicana de Estado como un elemento esencial de la democracia no sólo en cuanto que ninguna autoridad pública puede ser hereditaria sino, además, en la preeminencia del concepto de “res pública” como valor fundante del ordenamiento jurídico.
b) Un modelo de democracia participativa que abarque la empresa, las instituciones y la organización social, que debe ser efectiva también en el interior de las organizaciones populares. La participación debe ser entendida como instrumento para la generación de conciencia, organización, hegemonía y poder.
c) Un conjunto de propuestas para la modificación democrática de los procedimientos de la democracia representativa. Entre ellos, de forma prioritaria la reforma de la ley electoral para garantizar el mismo valor determinante a todos los votos.
d) La extensión de la democracia al campo de la información y la comunicación. El derecho a la información debe ser el de los ciudadanos a recibir información veraz y no el de las empresas a controlar los medios.
e) La consideración constitucional de los derechos sociales como derechos exigibles.
En la formación social española, el Estado ha jugado, además, un papel de regulador de las relaciones entre las distintas burguesías nacionales. Por razones históricas esta regulación ha delimitado, no siempre de una manera lineal, los derechos históricos de los distintos pueblos que conforman España. En el momento actual, los procesos de integración económica y política regionales como la Unión Europea y el proceso de globalización, han quebrado los pactos más o menos expresos y más o menos forzados entre las distintas burguesías nacionales y estas han tomado la iniciativa para dirimir sobre nuevas bases sus relaciones mutuas y buscar su integración supranacional con autonomía, en defensa de sus intereses. La izquierda está con retraso en esta iniciativa cuando no en una posición subalterna ante las distintas burguesías nacionales (tanto la vasca como la catalana como la que, por exclusión, recibe el nombre de española).
Es, por tanto, urgente recuperar también en este escenario la capacidad de propuesta e iniciativa, pero ello puede ser, sin duda, una de las tareas más complejas, puesto que los valores ideológicos del nacionalismo han ido penetrando como una lluvia fina en el campo de la izquierda, hasta el punto de que en sectores de la izquierda se acaricia como positiva la idea de ir de comparsas de sus respectivas burguesías, como en un desfile de gigantes y cabezudos.
Proponemos participar activamente en los procesos de reforma de los Estatutos de Autonomía con la perspectiva de creación de un proyecto autónomo, con dimensión nacional/estatal y, por tanto, no compatible con la aparición de nuevos estados, cuyo objetivo sea la transformación global de la sociedad. Este proyecto, de largo alcance se concreta a medio plazo en un Estado único, federal y solidario, donde todos los ciudadanos tengan los mismo derechos y deberes, tengan garantizadas las mimas prestaciones sociales y contribuyan en la misma proporción según sus ingresos.
Un modelo que se propone el desarrollo del autogobierno como un derecho de profundización democrática para todos los ciudadanos del Estado, y se asienta en la voluntad democrática de todos los ciudadanos más que en razones étnico-historicistas, en la solidaridad y el internacionalismo.
3.- Defensa de los servicios públicos
En el complejo derechos sociales/ servicios públicos se imbrican cuestiones centrales de la laucha por una alternativa al neoliberalismo y a la pretensión del capital de mercantilizar nuevos objetos. Un derecho social (la salud, por ejemplo) se satisface mediante la intervención de un servicio público (el Sistema Nacional de Salud, en este caso). La alternativa que proponemos debe asentarse sobre la idea de que el reconocimiento efectivo del derecho es inseparable del carácter público del servicio que lo garantiza.
El principio esencial de una iniciativa ofensiva de la izquierda en este campo es la exigencia de que los derechos sociales reconocidos en el ordenamiento constitucional y jurídico (trabajo, vivienda, salud, educación y cultura, medio ambiente protegido, igualdad de oportunidades y no discriminación, pensiones, justicia, seguridad, etc) sean derechos exigibles ante las Administraciones Públicas. Para ello debe hacerse las modificaciones legales necesarias (ver Reforma constitucional).
La satisfacción exigible de esos derechos sociales debe realizarse mediante un servicio público no mercantilizado y, por tanto, fuera de la esfera de la competitividad.
Esto implica, titularidad, gestión y ejecución públicas.
4.- Municipalismo
El significado profundo que para nosotros tiene el municipalismo, es que es el territorio donde están los espacios sociales, políticos y cotidianos concretos en los que se han de materializar las ideas que hemos expuesto hasta aquí.
El municipio tiene, como institución, carácter fundante de la actividad política con relación al Estado y a cualquier otro tipo de configuración del territorio con fines políticos.
La participación política a nivel de municipios reduciría drásticamente los cauces de delegación, simplicaría los aparatos de la administración pública y acercaría la solución de los problemas a los ciudadanos (principio de subsidiariedad).
Las anteriores ideas justifican el valor y la importancia que hay que conceder a los municipios.
Valor que va mucho más allá de la mera decentralización administrava. El espacio municipal sirve para desarrollar formas directas y participativas de gestión de lo público, es decir, permite profundizar en el autogobierno y en el ejercicio de la autodeterminación en su sentido amplio y concreto a la vez.
Por tanto, defendemos las propuestas que doten a los ayuntamientos de
a) recursos económicos –hasta llegar al 33% del gasto público-, de información y de cultura, con capacidad de generar dinámicas eficaces en las principales políticas públicas (empleo, desarrollo sostenible, etc) a nivel local y mancomunadas.
b) Sistemas de gestión basados en la democracia participativa
c) Definición de un sistema de competencias propias municipales
d) Impulso a la comarcalización para la mayor eficacia de los recursos por economías de escala.
e) Descentralización efectiva distrital con elección por sufragio universal de los componentes de los Ayuntamientos de Distrito en el caso de grandes ciudades.
f) Reconocimiento de la capacidad de inciativa legislativa en aspectos propios de las competencias municipales.
5.- Reforma fiscal
El concepto de equilibrio fiscal o déficit cero es incompatible con los principios de políticas fiscales progresistas y creadoras de empleo. El sistema fiscal que defendemos debe tener como objetivo la satisfacción de las necesidades sociales con todos los recursos disponibles. Por tanto, el déficit cero es un aspecto técnico, secundario, e incluso desde este punto de vista no siempre recomendado. En cualquier caso, el ajuste nunca debe venir por el lado del gasto sino por el del ingreso.
Como medidas concretas proponemos:
a) Combatir eficazmente el fraude fiscal, tanto con medidas legales como con el reforzamiento de la Agencia Tributaria. Exigencia a los fedatarios públicos de responsabilidad en el caso de fraude fiscal en los actos jurídicos documentados.
b) Nueva regulación de las Sociedades Patrimoniales
c) Rentas del trabajo y del capital deben tener el mismo tratamiento fiscal y, en su caso, deben acumularse.
d) Eliminación de todos los gastos fiscales (deducciones) y su transformación en ayudas públicas a las distintas políticas de fomento (empleo, vivienda, etc.)
e) Reforma del IVA para introducir un supertipo para determinadas adquisiciones (automóviles de mayor cilindrada, por ejemplo)
6.- Políticas de igualdad y sistema de atención a personas dependientes
a) La alternativas en este campo deben basarse en el reconocimiento efectivo de la igualdad de oportunidades y de derechos sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo, preferencia sexual, edad, procedencia (inmigrantes), circunstancias sociales, ideología, militancia política o sindical y religión.
La legislación debe garantizar de forma efectiva y bajo responsabilidad administrativa y/o penal el principio de “a igual trabajo, igual salario”
La no discriminación debe ser un derecho protegido y exigible de parte en el ordenamiento jurídico
b) La política de atención a las dependencias debe asentarse en una Agencia para la Atención a Mayores y Personas Dependientes, de carácter, gestión y control públicos que garantice este servicio de forma universal con ámbitos autonómicos.
La financiación de esta política debe hacerse con cargo a los Presupuestos Generales de la CCAA y mediante las transferencias del Estado central que sean necesarias. De forma subsidiaria, los costes se financiaran mediante el pago por parte de las personas atendidas calculado en porcentaje sobre su pensión con un límite que no superará el 80%.
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